La desaparición forzada de personas en México además de ser un fenómeno latente ha aparejado un horror que ha sido siempre maquillado, revestido de múltiples metáforas y verdades oficiales que han antecedido a la ‘verdad histórica’ establecida por el gobierno mexicano ante el caso de Ayotzinapa. Ayotzinapa es la brecha ignorada en su dimensión histórica.

Las investigaciones que desde el Estado mexicano se han hecho sobre la desaparición forzada de personas tienen un antecedente histórico: la violencia perpetrada por el Estado mexicano en la década de los sesenta y setenta en el estado de Guerrero, particularmente contra la oposición armada de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

Desde entonces, los informes han estado plagados de anomalías y yerros, no generados por las dificultades técnicas que impiden descubrir el paradero de los desaparecidos y la identidad de los perpetradores, esas anomalías o yerros, no son alteraciones no intencionadas o fallas de los trabajadores de las instituciones estatales. Son resultado de la construcción deliberada de una ingeniería de borradura y olvido, la cual ha consistido en legitimar la desaparición a través la tergiversación, la variación de identidades, la alteración de escenarios, de realidades y momentos.

 Ante las crecientes demandas de familiares de desaparecidos en Guerrero a finales de los años setenta, el Estado mexicano fue obligado a dar respuestas, a transparentar como principio democrático el destino de las y los ausentes, identificar a los perpetradores y aplicar la justicia. El Estado respondió con una investigación realizada por el entonces procurador Óscar Flores Sánchez. En dicha investigación, mostrada en el año de 1979, se sostuvo que no había desaparecidos, sí desconocidos y que algunos habían sido ya localizados.

Que algunos de los supuestos desaparecidos murieron en enfrentamientos y no fueron identificados, otros seguían prófugos, que algunos más fueron ajusticiados por sus compañeros de armas por traicionar el movimiento. Otros de los desaparecidos murieron en riñas con grupos antagónicos, por diferencias familiares o políticas, e incluso, algunos más murieron al enfrentarse contra narcotraficantes y contrabandistas.

En los años 90, ante la urgencia de incorporar al país a la economía global a través de un tratado de libre comercio, como condición se le exigió al gobierno mexicano esclarecer los delitos de lesa humanidad cometidos en el ‘pasado’. Para tal fin, el gobierno operó, nuevamente, una investigación oficial intitulada Informe Carpizo.

El resultado de esta investigación, en términos generales es paradigmático, puesto que, además de mantener un diálogo con el informe presentado del procurador Flores, es disonante, pero, también, inconcluso. En el Informe Carpizo se reconoce la existencia de presuntos desaparecidos, aunque sostiene que éstos perecieron durante los enfrentamientos y emboscadas que los miembros de la guerrilla de Cabañas hicieron a las fuerzas armadas. Este informe reconoce que los militantes del movimiento armado socialista no fueron presentados a ministerios públicos, que fueron retenidos en cárceles militares y clandestinas, pero que, después de su interrogación, fueron puestos en libertad.

El Informe Carpizo subrayó que es difícil precisar el carácter de desaparecido, debido a que los militantes del movimiento armado cambiaban sus nombres, los seudónimos imposibilitan establecer su identidad jurídica. Por tanto, no se puede rastrear al desaparecido, no se puede buscar a alguien que no se conoce. Además, los muertos en embocadas y enfrentamientos fueron sepultados por pobladores en fosas comunes o levantados por sus compañeros de armas y enterrados por ellos.

Es revelador que en este informe, las listas de los desaparecidos están colmadas de personas que supuestamente murieron en enfrentamientos y en emboscadas, mientras que, comprobado está, muchas y muchos de los desaparecidos fueron detenidos en retenes militares, sacados ilegalmente de sus viviendas o lugares de trabajo en fechas anteriores o posteriores a las establecidas en el informe. Muchas y muchos de los desaparecidos que fueron incorporados a esas listas había sido ya registrada su desaparición en los ministerios públicos, no hay ninguna coincidencia entre la investigación y la evidencia.

En términos generales, en el Informe Carpizo, la desaparición se asume, pero paralelamente, se pone en duda. En síntesis, las versiones cuasi ocultas de ambos informes (Flores y Carpizo) sostienen que los desaparecidos fueron antes detenidos en retenes militares o sacados de sus hogares por fuerzas castrenses. Por primera vez, un declarante señaló haber escuchado que algunos detenidos fueron arrojados al mar. En ambos informes, los testimonios no fueron tomados como fuentes confiables, se presentaron como elucubraciones populares. Se precisó que los detenidos en cárceles, reclusorios fueron puestos a disposición de las fuerzas armadas y que éstos podían además solicitar su entrega. En contra parte, los testimonios recabados en ambos documentos oficiales sostienen que la Policía Federal llevó a cabo múltiples detenciones de personas que, posteriormente, no fueron localizadas. Los testimonios subrayan también que previo a la desaparición de una persona estaba su detención ilegal en retenes carreteros, en la calle, su hogar y lugares de trabajo.

 Ambos informes están plagados de ambigüedades, pues no se acepta la desaparición, hay negación, aunque después sí se acepta, pero a medias. La metáfora de desaparecido se recubre con otras metáforas: muertos en anonimato, prófugos, ajusticiados por enfrentarse contra el ‘narcotráfico’ y o los ‘contrabandistas’ de la zona.

La ‘verdad histórica’ en Ayotzinapa

Como puede el lector observar, el tratamiento que hicieron de la desaparición forzada de personas y las omisiones de estos informes son la piedra angular de la ‘verdad histórica’ que el Estado mexicano elaboró en torno a la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa. Analizar ambos informes, darles un seguimiento temporal y sincrónico es importante para establecer algunas rupturas y continuidades no sólo de los patrones de la desaparición forzada de personas en México, sino también para identificar las salidas políticas y legales que el Estado mexicano ha dado a este fenómeno. Ayotzinapa sigue siendo una brecha ignorada en su dimensión histórica.

Durante la alternancia política –o transición democrática-, acaecida en el año 2000, la justicia transicional como norma para esclarecer los delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen del pasado, fue otra oportunidad, una renovada esperanza para alcanzar la verdad, ejercer la justicia y establecer la reparación. En conjunto, estos elementos dotarían al naciente gobierno de una profunda diferenciación “democrática” con el pasado autoritario del régimen que le antecedió.

La voluntad vertida por el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) para investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad perpetrados en el pasado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Esta fiscalía terminó negando el servicio público de procuración y administración de la justicia transicional ante las indagatorias iniciadas en el año 2002. La institución desapareció en el año 2006 dejando a la deriva la investigación de una agenda de demandas superior a los 600 casos. Algunos líderes de opinión manifestaron que la fiscalía fungía más como una consultoría de quejas.

La desaparición de la Femospp evidenció, de nueva cuenta, la perpetuación de una protección institucional a los funcionarios responsables ante los delitos del pasado, debido a que no hubo consignaciones a servidores públicos de primer nivel involucrados en los hechos delictivos. Existió una inmovilidad del Poder Judicial de la Federación y los jueces federales ante las demandas presentadas, así como nula intervención de la Procuraduría General de la República.

La postergación de la justicia transicional en México evidenció también que las herramientas jurídicas para enfrentar el pasado y satisfacer las demandas de las víctimas fueron incapaces de dar respuestas legales a los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente, pues no se aplicó la verdad, no se implementó justicia, ni hubo una reparación mínima.

No se reconoció a las víctimas, fue nula la existencia de recomendaciones para elaborar reformas jurídicas e institucionales, ni iniciativas de conmemoración. En síntesis, no hubo en México una justicia punitiva, ni simbólica, ni retributiva, en su lugar, se estableció una prolongada política de olvido.

Quedó claro que la Femospp investigó algunas denuncias en contra de los posibles responsables de tortura, homicidios y, sobre todo, de desapariciones forzadas perpetuadas contra los opositores políticos, pero, evidentemente, no fue creada para investigar el paradero de los desaparecidos.

La Femospp no favoreció al reconocimiento, reconstrucción de la narrativa histórica en el que se insertó el tema de la violencia, las violaciones a los derechos humanos y el testimonio de las víctimas. En otras palabras, la Fiscalía no logró establecer una verdad alterna, impartir justicia ni reparar a las víctimas.

En consonancia histórica con los informes sobre la desaparición forzada de personas, la ‘verdad histórica’ presentada de manera oficial por el gobierno federal ante la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, es el refinamiento de un modelo a través del cual el Estado mexicano -a pesar de las alternancias o transiciones- ha dado salidas políticas al permanente fenómeno de la desaparición forzada.

La ‘verdad histórica’ es un documento más de la ignominia maquillada, de la procacidad de la clase política que entrega su dignidad para salvar un régimen saturado de irregularidades, del cual son parte. Conceden la ética y la moral para seguir reproduciendo el pacto de eterna impunidad. La ‘verdad histórica’ del PRI al regresar al poder es el más perverso ejemplo de lo que resulta cuando el Estado se investiga a sí mismo. Es la latencia del Estado mexicano investigándose a sí mismo.

La ‘verdad histórica’ está plagada de contradicciones, inconsistencias, pifias, vacíos, certezas endebles y realidades poco probables. Es un informe políticamente adecuado e inmoralmente sostenido como verdad, y además, histórica, una verdad cuyo objetivo consistió en cerrar el caso, apagar su propio incendio, mojar el rescoldo de su propio basurero, sepultar otra versión e imposibilitar el acceso a la justicia, perpetuar la impunidad de un sistema político que, en su conjunto, ha sido históricamente criminal. Ayotzinapa sigue siendo una brecha ignorada en su dimensión histórica.

Las investigaciones que desde el Estado se han hecho sobre la desaparición forzada tienen una tendencia histórica y progresiva: han pasado por la negación, la tergiversación de los hechos, la compilación de información inconclusa, excesiva burocratización, tecnificación investigativa y la construcción de verdades históricas.

La Cuarta Transformación inaugura un periodo postransicional, después de dos años de nuevas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa apenas se han alcanzado a develar otras ‘pequeñas verdades’, un resto óseo que descentra el enclave geográfico del suceso. Pero indiscutiblemente no se puede concluir ni vanagloriar una investigación de esta magnitud cuando se reorienta el espacio de búsqueda y con ello se pretende corregir un minúsculo renglón de la narrativa oficial, de su verdad histórica.

Un resto óseo apenas rasga la nueva brecha que hay que escarbar para llegar a esa otra verdad, la no histórica, la otra verdad concluyente, antes de pensar en la justicia se debe responder: ¿Dónde están los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Quién o quiénes son los responsables de su desaparición?

La experiencia histórica sigue siendo cómoda para las instituciones y los gobiernos en turno, pero la esperanza es agotadora, el tiempo incisivo para las y los familiares de los de los desaparecidos y devastador para la ciudadanía que reclama verdad y justicia.

Ayotzinapa sigue siendo una brecha ignorada en su dimensión histórica. El final de su historia puede ser el final de todas las otras historias, de todas las otras verdades históricas. ¿Alcanzará la historia? ¿Alcanzará la voluntad política o ganará de nuevo el tiempo y la reprogramación del olvido?

El Dr. Rodolfo Gamiño es académico de tiempo completo del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana CDMX (rodolfo.gamino@ibero.mx)